Poner freno a la falsificación de productos de marca es un reto aún por superar

El pasado 19 de octubre se celebró en Madrid una interesante jornada de trabajo sobre “Tendencias en la lucha contra la falsificación de marcas a través de Internet”. Durante su transcurso, los participantes expresaron sus opiniones en materia de seguridad y prevención contra este tipo de delitos y dieron a conocer algunas de las medidas que se están adoptando para disminuir su impacto en la economía.

En el evento participaron, entre otras personas, el Director General de la Asociación para la Defensa de las Marcas (ANDEMA) Jose Antonio Moreno; el Inspector de la Comisaría General de Policía Judicial en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (UCDEV) Jesús Gil Torrado, y la representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática Mª Pilar Rodríguez.

Las intervenciones estuvieron moderadas por el Doctor en Derecho Juan José Caselles, coordinador del área anti-piratería en la firma de abogados Elzaburu. Además, el propio Caselles presentó su libro Derecho de marcas y Proceso penal’, obra que pretende convertirse en guía de referencia en esta materia.

Un negocio que pone en riesgo a empresas y trabajadores

La falsificación de marcas es un delito contra los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual cuyas consecuencias causan graves perjuicios económicos que repercuten en toda la sociedad. Las empresas que usan intensivamente los derechos de Propiedad Industrial, que son las más afectadas por el crecimiento de este tipo de delito, generan más del 33% de la riqueza de la UE y emplean a centenares de miles de personas en todo el Viejo Continente. En nuestro país se calcula que este tipo de delito pone en riesgo unos 6.000 empleos, una cifra importantísima, y que se han destruido por su causa más de 67.000 puestos de trabajo directos.

Según datos aportados por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el mercado de las falsificaciones es un negocio creciente. Fortalecido al ritmo que marcan los últimos avances tecnológicos, mueve ya más de 85.000 millones de euros anuales en la UE. Al hecho de que Internet haya favorecido su extensión a escala internacional facilitando el establecimiento de redes de comercialización, se suma la sofisticación de la maquinaria y tecnologías empleadas en el proceso de producción de este tipo de mercancías falsas, lo que ha ampliado su gama.

Falsificaciones más sofisticadas y variadas

En lo que se refiere a la repercusión de los avances tecnológicos en los procesos de producción de mercancías falsificadas, según palabras del Inspector de la UCDEV, Jesús Gil Torrado, actualmente “todo lo que es marca se puede falsificar, desde rodamientos para motores de los aviones hasta automóviles”. En la misma línea se expresó el propio Caselles durante la jornada al afirmar que “en un principio se falsificaban principalmente marcas de lujo en prendas de vestir y accesorios de moda de baja calidad, hoy en día se fabrican falsificaciones de forma masiva en cualquier tipo de producto”.

Ello no sólo trae consigo un perjuicio directo para las empresas afectadas, sino también perjuicios sociales, ya que la falsificación comporta consecuencias como el riesgo para la salud pública, la desprotección del consumidor, el aumento de los delitos de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales o la financiación ilegal de otras actividades criminales.

A pesar de los avances apuntados, el propio Caselles afirmó que el empeño de las autoridades por detener el auge de los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual aún encuentra muchas barreras “como la ausencia o exactitud de la legislación penal para actuar, las dificultades en las persecuciones policiales, los constantes cambios tecnológicos y sociales, el anonimato que ofrece Internet, la territorialidad de las leyes y, además, una innegable tolerancia social hacia este delito”.

En un sentido similar se expresó Mª Pilar Rodríguez, representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática, que no dudó en calificar este delito como “inabarcable”, aceptando que “el gran volumen de trabajo y la falta de especialización en la administración de Justicia ralentiza –o cierra- los procesos”.

El efecto expansivo de Internet

En lo que se refiere a la comercialización de falsificaciones vía Internet, Jose Antonio Moreno, Director General de ANDEMA comentó que “cerca del 20% de las falsificaciones se venden online”, mientras que Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, aseveró que “al igual que en la actualidad se percibe el top manta como algo cotidiano es fácil encontrar en Internet páginas que comercian con productos falsos”. De hecho, reiteró Fuentes, su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, favorecido por “el sistema de indexación de Google, los medios de pago opacos y otros nuevos como las criptomonedas, que favorecen la venta online de las réplicas”.

Así las cosas, la falsificación de productos de marca se presenta como un problema a atajar a escala internacional cuya solución no es tanto modificaciones normativas como acciones de tipo preventivo que no se están llevando a cabo. Hasta el momento, quienes han de supervisar que el uso de sus tecnologías y plataformas no favorezca la comisión de este tipo de delitos no están trabajando lo suficiente para frenar el problema.

Nuevos requerimientos para proveedores de red y plataformas online

Pero esta dejación de funciones parece que pronto llegará poco a poco a su fin. Hace unas semanas tuvimos noticias de que la Comisión Europea ha exigido a los proveedores de Internet y a las plataformas online más populares un mayor grado de responsabilidad en lo que se refiere a las labores de vigilancia y control de los contenidos a los que facilitan acceso. A partir de ahora, además de disponer de herramientas que permitan detener automáticamente los contenidos fraudulentos, entre los que se incluye el acceso a la compra de productos falsificados, deberán borrarlos y asegurarse de que no vuelven a aparecer.

A pesar de que este requerimiento aún no tiene carácter normativo, ya que de momento su aplicación será voluntaria, supone un avance. Además, si en mayo del próximo año no se han conseguido resultados tangibles la Comisión Europea no se descarta legislar al respecto.

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